Denuncias por acampar

Fuera de las posibles denuncias por infracciones a las leyes de tráfico, las denuncias por acampada ilegal son las más significactivas para los autocaravanistas.

Al citar el término “pernocta” o el “uso interior de una autocaravana estacionada” se debe dar por supuesto que los pasajeros permanecen en su interior sin que su actividad transcienda al exterior, sin desplegar elementos que desborden el perímetro del vehículo y sin superar un tiempo de permanencia que pudiera ser considerado como una ocupación de terreno indebida.

Las denuncias por acampar no parecen responder en absoluto a la defensa de los fines establecidos en la leyes que la regulan sino que, en su mayor parte, son consecuencia de la presión que ejercen los empresarios de camping sobre los agentes de la autoridad.

Esta actitud cuenta con la complicidad de las diferentes administraciones que desoyen de forma sistemática las razones que se aportan desde las asociaciones de usuarios en busca de una regulación clara y específica del uso de una autocaravana estacionada en los lugares da aplicación: costa, parques naturales protegidos o vía pública.

Las denuncias acaban sistemáticamente en sanción. Los recursos de alzada se desestiman por una administración más interesada en apoyar sus propias decisiones políticas, basadas en el desconocimiento y el desinterés, antes que en analizar objetivamente las razones que exponen los afectados que se enfrentan a sanciones desproporcionadas mientras los que destruyen nuestro paisaje con ladrillos y cemento quedan impunes gracias a la influencia política y al dinero.

Los pocos recursos contenciosos, que el sistema y el precio permiten entablar, se desestiman merced a una justicia muy poco interesada en estudiar con rigor unos temas que probablemente consideran de poca monta, estimando a base de fotocopia los argumentos que esgrime el rodillo administrativo que cuenta con recursos infinitos gracias a los medios que les proporcionamos los ciudadanos con nuestros impuestos y cuyos derechos, los de los autocaravanistas, les traen sin ciudado.

En definitiva, somos para la admnistración una especie chivo expiatorio, accesible y barato, de los delitos ecológicos que cometen quienes destruyen nuestro paisaje construyendo urbanizaciones hoteles y camping en plena naturaleza. La víctima indefensa, por falta de dinero, que carga con el peso de una justicia ineficaz, indolente e impotente.

Nuestra razón solo se puede demostrar por medio de la jurisprudencia y mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre la justicia de las sanciones seremos el blanco fácil de cualquier empresario de camping que no nos quiera ver estacionados en las proximidades de su establecimiento sin pasar por caja.