Legislación

La mayor parte de los problemas que afectan a la movilidad de las autocaravana están causados por la aplicación de las leyes.

El origen es múltiple:

  • presiones de los empresarios de camping,
  • conceptos transnochados sobre la calidad de una forma de turismo,
  • desconocimiento del uso de las autocaravanas por parte de algunas administraciones autonómicas o locales,
  • falsos conceptos sobre potrección mediambiental o
  • abusos cometidos por personas incívicas que utilizan cualquier clase de vehículos habitables que son confundidos con autocaravanas y que en su mayoría no tienen nada que ver con ellas

Las causas descritas se pueden hacer frente con muchos argumentos de los cuales la docencia, la vía política, el diálogo o la presión social pueden ser las más importantes. Sin embargo, todas las disfunciones aparecen cuando se aplica indebidamente las leyes.

Si se aplicaran únicamente las leyes de tráfico al uso de las autocaravanas sería relativamente sencillo encontrar una solución legal que supusiera un conocimiento exacto y concreto de lo prohibido y lo permitido, sin embargo, al mismo hecho, permanenecer en el interior del vehículo correctamente estacionado, sin que la actividad en el interior transcienda al exterior, se le aplican dos ámbitos legales simultáneamente, al vehículo las leyes de tráfico y a los ocupantes las leyes que regulan la acampada.

Las leyes que tratan o regulan la acampada son más de treinta textos diferentes. De ellos, únicamente la Ley de Costas y las Leyes de los Parques Nacionales son de ámbito estatal y las leyes de Turismo y de Protección de Espacios Naturales son de ámbito autonómico.

El viajero que se desplaza entre las diferentes Comunidades Autonómicas se enfrenta a una maraña de leyes dispares, que se aplican, además, con diferentes criterios que van desde la permisidad más vergonzosa hasta la restricción más absurda creando lo que se puede definir como una inseguridad jurídica inadmisible en un país del primer mundo y propiciando en algunos lugares la discriminación y el recorte de derechos indivduales a los autocaravanistas y en otros una destrucción del entorno por las conductas incívicas de ciudadanos que en su mayor parte no tienen nada que ver con el autocaravanismo.